El derecho a recibir una atención médica de calidad aplica también para los privados de libertad pero como ocurre en todos los centros de reclusión del mundo, hacer cumplirlo no es sencillo.

Cuando los servicios médicos en las cárceles resultan insuficientes, los traslados a los centros hospitalarios o consultorios privados suelen ser, al menos, un verdadero dolor de cabeza.

Se requieren recursos para implementar los procesos de identificación y seguridad necesarios, así como largas jornadas para cumplir la ronda de consultas médicas. De paso, se afecta la dignidad del preso al exponerlo en lugares públicos esposado y custodiado.

Son apenas algunas de las razones que han llevado a las autoridades de las cárceles en todo el planeta a adoptar la telemedicina y la telesalud como parte de sus políticas.

El Ministerio de Salud (Minsa) e Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del Perú anunciaron hace pocas semanas que instalaron cerca de 40 centros de Telemedicina en varias carceles del país inca. Igualmente, el Servicio Aragonés de Salud de España implementó una política similar en su región autónoma.

Más allá de los abundantes ejemplos, la calidad es lo importante en esta tendencia que lleva tiempo profundizándose. Se habla de atención primaria y especializada, acceso a las historias médicas del paciente, uso de dispositivos de telemetría, confidencialidad, autonomía y otros criterios fundamentales a ser tomados en cuenta.

La aplicación de la telemedicina y la telesalud en distintos ámbitos de la cotidianidad es una fuente de oportunidades para el mejoramiento de la vida de todos. En este caso, presidiarios, funcionarios y en general los actores de los sistemas de justicia resultan beneficiados por el uso adecuado de la tecnología.

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